-La diputada por el PRI Lilia Mendoza Cruz propone reformar Ley Estatal de Planeación, y Ley de Ordenamiento Territorial Y Desarrollo Urbano, ambas del estado de Oaxaca
Juan López Sánchez/Barra Informativa. Es obligación del legislador local mantener actualizadas las disposiciones jurídicas, y así evitar efectos negativos, contradicciones normativas que generan lagunas legislativas, falta de observancia y aplicación de la norma, evitando el debilitamiento y efectividad de los derechos, argumenta Lilia Mendoza en las dos iniciativas de reforma de ley presentadas ante el pleno legislativo a fin de armonizar la legislación estatal.
La armonización legislativa es de gran trascendencia, dice el documento, porque hace compatible las disposiciones federales con las estatales; y no causar mayores confusiones a la ciudadanía, a las autoridades, administradores, juzgadores y demás autoridades. La armonización legislativa son acciones que el poder legislativo puede y debe implementar.
En ese sentido la legisladora propone reformar la Ley Estatal de Planeación en los artículos 2, 66, 112 y 120, para sustituir el nombre del órgano de fiscalización en la normatividad actual.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca por la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca.
El Decreto 699 aprobado el 30 de agosto 2017 y publicado 21 de septiembre 2017 emitió la actual Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, que establece que el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca tiene a su cargo la revisión y fiscalización de la cuenta pública y gestión financiera del estado y municipios, quedando extinta la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca.
Asimismo, reformar los artículos 25, 207, 228 y 229 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, para sustituir la denominación de Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca por el de Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
Al apegarse a la implementación del Sistema Nacional y Local de Combate a la Corrupción, mediante decreto 702, aprobado el 30 de agosto del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra el 20 de octubre del 2017, se expidió la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, y se abrogó la Ley de justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.
En ambos casos, las iniciativas fueron enviadas a Comisiones y esperan dictamen.
